Para los chadianos, el COVID-19 no se trata solo de enfrentar un virus mortal: también se trata de la represión policial y el aumento de la pobreza. Mientras la población sufre, el régimen tiene un objetivo: enriquecerse y mantener el control.
Los ciudadanos que se atreven a abandonar sus hogares para alimentar a sus familias sin una máscara corren el riesgo de sufrir abusos policiales. Para algunos, las consecuencias son nefastas. A los veinte años, una joven aprendió por las malas que no debía usar velo en lugar de máscara para protegerse; fue azotada en la calle por fuerzas de seguridad encargadas de aplicar medidas de barrera. Otra mujer fue multada con 3000 FCFA (alrededor de US $ 7): se puso un trozo de plástico en la cara porque tenía que vender su máscara por 200 FCFA (alrededor de US $ 0,50) para comprar comida.
El abuso policial se ha disparado desde que el virus reveló su presencia en marzo de 2020. Y, por si fuera poco, se llamó a los militares a reforzar las medidas.
Uno pensaría que las autoridades chadianas se preocupan profundamente por la salud de sus ciudadanos. Pero esto es más una licencia para extorsionar, donde las fuerzas de seguridad pueden hacerlo con total impunidad sin, al final, hacer cumplir las medidas que podrían detener la propagación de la enfermedad. En la capital, N’Djamena, un conductor recibe una multa de 100.000 FCFA por no llevar máscara. Los sobornos se pueden ajustar según el tamaño del automóvil y la posición de sus ocupantes. Si un policía atrapa a los viajeros sin máscaras, se subirá al automóvil para obligar al vehículo a ir a las comisarías donde los ocupantes deberán pagar la multa. Durante todo el proceso, a los agentes de policía no les importa el distanciamiento social ni velar por el debido respeto a las medidas de barrera.
La realidad es que: la policía se preocupa por lucrarse en un país donde las fuerzas de seguridad a menudo no reciben remuneración durante meses, lo que resulta contraproducente para cualquier intento de contener el virus.
En Chad, la pandemia está rodeada de incertidumbre, lo que provoca la estigmatización y el rechazo de los infectados. Según el gobierno, el primer caso fue atendido tan pronto como fue diagnosticado el 19 de marzo de 2020.
La verdad probablemente sea muy diferente. Ya que ya se había reportado un caso el 15 de marzo: donde un residente extranjero que regresaba de Camerún, mientras que la cuarentena no era obligatoria. Pudo haber infectado a varias personas antes de que aparecieran los primeros síntomas.
Es difícil verlo con claridad en esta historia, como en muchas otras, los rumores van creciendo y se entrelazan. Se dijo que el Ministro de Estado, Secretario General de la Presidencia, Sr. Kalzeube Pahimi Deubet, dio positivo por COVID-19, pero la información sería reprimida. Pero nadie lo sabe. Según los informes, el presidente se negó a que le hicieran pruebas hasta a su esposa.
Entonces, ¿quién está infectado? No lo sabemos. Los ciudadanos se quedan con sus dudas.
El 19 de marzo, las autoridades chadianas cerraron los aeropuertos, prohibieron las reuniones públicas de más de 50 personas, cerraron todos los lugares de culto, bares y restaurantes, cerraron el transporte público e impusieron las medidas de las barreras.
Si no hay una contención impuesta por el gobierno, el gobierno ha impuesto un toque de queda de 11 pm a 5 am. Sin embargo, muchos chadianos optaron por el autoaislamiento debido a la falta de información.
La vida se vuelve difícil para los más pobres cuya vida depende de las actividades de subsistencia diaria, como los vendedores ambulantes, y otras pequeñas actividades económicas. Su rutina ahora consiste en jugar a perros y gatos entre policías abusivos y el virus. Lo mismo ocurre con los pastores que no pueden viajar para dar agua a su ganado.
Las tasas de mortalidad y las infecciones siguen siendo bajas en Chad, pero el impacto económico es desastroso ya que todos los sectores económicos están colapsando. El gobierno ha implementado un plan de recuperación de 943 mil millones de FCFA, pero el impacto real aún no se ha sentido. Aún así, hizo un pequeño gesto, ofreciendo agua y electricidad gratis durante tres meses, y luego durante seis meses. Para los ciudadanos, esto no es mucho cuando los cortes de agua y electricidad son diarios. Estos servicios son la excepción y no la regla.
Más allá de la represión, las autoridades no pueden controlar la pandemia y se encuentran abrumadas. La falta de equipo de protección ha dejado a los profesionales médicos desprotegidos, provocando varias infecciones entre ellos.
El gobierno asignó una suma de 15 mil millones de francos CFA para hacer frente a la crisis, que luego se revisó y se aumento a unos 30 mil millones de francos CFA para la respuesta médica. Pero estos recursos fueron rápidamente insuficientes. Un centro de salud instaló carpas para pacientes con COVID-19, pero desde entonces su capacidad se ha visto superada. A mediados de mayo, China donó un importante stock de suministros médicos, pero nadie sabe realmente a dónde se enviaron.
Se ha creado una unidad de vigilancia para dar seguimiento a la pandemia. Entre sus miembros, no hay médicos, farmacéuticos ni científicos. Solo funcionarios y compinches del gobierno. Todo con el objetivo de garantizar que los recursos permanezcan bajo el control del clan del presidente Deby.
El régimen tiene un control firme sobre todos los aspectos del estado. Pero uno de ellos es a través de la fundación de la primera dama, Grand Coeur.
La principal organización sin fines de lucro tiene como misión garantizar el bienestar de la población y su desarrollo.
No hay información financiera o balance general habilitado por Grand Coeur. Pero en muchos sentidos, Grand Coeur es una operación de encubrimiento para rescatar a las comunidades comerciales de Chad, ya que existe la presión de contribuir a las arcas de la asociación para garantizar un buen negocio. Grand Coeur malversó una cantidad significativa de recursos, directa o indirectamente
Durante el COVID-19, la acción de Grand Coeur se vuelve más visible que la del Ministerio de Salud. La Fundación reemplaza algunos de los órganos del Estado, coordinando la respuesta a la pandemia y, lo más importante, controlando la asignación de dinero. Reemplaza lentamente las funciones del Estado y se convierte en otra forma de enriquecimiento del régimen. Las empresas estatales, tanto como las privadas, se ven presionadas a pagar cantidades importantes a Grand Coeur.
Los directores de las empresas que se resisten son despedidos. Todo funcionario que es designado por los decretos firmados por Idriss Déby sabe que debe cumplir con las exigencias de la Primera Dama. Y quien denuncia esto es castigado.
Un ejemplo evidente es el del Sr. Yaya Djillo Djerou Betchi, representante de Chad en la CEMAC, que fue suspendido de su cargo luego de denunciar la injerencia de Grand Coeur en los asuntos de Estado, denominándolo «marketing político«, y en particular la gestión de la crisis sanitaria. El Movimiento de las “12 Recomendaciones” (las 12 Reclamaciones, o M12) tiene la intención de presentar una demanda contra Grand Coeur por este saqueo organizado.
Pero la primera dama no está sola. Todos intentan hacerse con su parte del botín.
En la semana del 11 de mayo, una delegación chadiana, encabezada por el asesor de salud del jefe de Estado, recibió una donación de COVID-Organics, una poción malgache presentada como remedio contra el COVID-19. Una vez este cargamento llego al aeropuerto, fue trasladado directamente a Amdjarass, la aldea del presidente Deby. El Ministro de Salud, Mahmoud Khayal, también distribuye parte de la poción a los miembros de la comunidad Ousra, el grupo étnico del presidente, así como a algunos de los aliados del régimen.
La pandemia es otra oportunidad más para que los cleptócratas chadianos mantengan un sistema. Al mismo tiempo, la policía y los militares mal pagados están extorsionando a la población, el régimen lo hace a mayor escala, sin preocuparse por proteger a la comunidad de la enfermedad.
Los chadianos están solos para hacer frente a la pandemia.
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